CREDITOS VIP BANCO NACION : Las propiedades que compraron funcionarios de Milei.

 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 .-El acceso a líneas de financiamiento hipotecario con fondos públicos volvió a encender las alarmas en el escenario político nacional y provincial. A través de la línea crediticia «+Hogares con BNA», el Banco de la Nación Argentina otorgó, entre enero de 2024 y marzo de 2026, más de mil préstamos a Personas Expuestas Políticamente (PEP). La nómina de beneficiados abarca a legisladores, asesores del riñón económico y comunicadores del oficialismo, quienes volcaron millones de pesos estatales en departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos en barrios cerrados y residencias de gran porte.

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La lupa judicial sobre este reparto de fondos públicos no tardó en activarse tras una denuncia penal de la diputada Mónica Frade, quien acusó la existencia de presunto tráfico de influencias y administración fraudulenta.La causa quedó radicada en los tribunales federales bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien dispuso las primeras medidas de prueba y solicitó informes oficiales a la Auditoría General de la Nación (AGN) para revisar cada préstamo otorgado.

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Sin embargo, a pesar del impacto político, la causa penal ingresó rápidamente en el laberinto burocrático procesal. Apenas semanas después de las primeras medidas, la Cámara Federal intervino y unificó las distintas denuncias presentadas, desplazó al juez Lijo y delegó todo el expediente en el juzgado de María Romina Capuchetti. Este pase de manos congeló el pulso de la investigación, que hoy se encuentra bajo un estricto secreto de sumario.

A la fecha el avance real de la causa es prácticamente nulo: no existen imputados formales, no se fijaron fechas para declaraciones indagatorias y todo el proceso sigue estancado en un cruce de oficios administrativos a la espera de los informes de la AGN.

Las compras de funcionarios con créditos del Banco Nación
El primer beneficiado que salió a la luz fue Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Al conocerse la noticia, la ministra no dudó y despidió al hijo del exgobernador de Río Negro y excandidato presidencial en 1995, el radical Horacio Massaccesi. El argumento inicial esgrimido desde la cartera fue «falta de austeridad». El crédito que el funcionario había recibido fue de $198.723.538 y lo usó para comprar un departamento de 93 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, a un valor de $225.990.000.

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Sin embargo, a Pettovello le avisaron que eran varios los funcionarios que habían accedido a préstamos preferenciales del Estado. De inmediato, cambió la versión y salió a aclarar que la desvinculación se debía a cambios internos del ministerio y no al préstamo en cuestión.

Juan Carreira, alias Juan Doe en la red social X, fue noticia esta semana porque atribuyó el alúd en Nepal al comunismo chino. El referente de Las Fuerzas del Cielo recibió un correctivo diplomático del gigante asiático, sin siquiera nombrarlo. El director de Comunicación Digital de la Casa Rosada (maneja la cuenta en X de la Oficina de Respuesta Oficial) compró el 3 de diciembre de 2025 el 50% de un departamento en CABA. Es modesto, de 44 metros cuadrados. Ante la OA, lo cotizó en $96.200.000, sin embargo, el préstamo del BNA lo anotó por $170.332.299. En 2025, su patrimonio pasó de $23 millones a $120 millones. Un crecimiento del 421,74%. Le ganó a la inflación, que fue del 31,5%.

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El BNA también le prestó $357 millones a Sharif Menem. El director de la Secretaría Privada de Presidencia de la Cámara de Diputados, que ejerce su tío, Martín, compró el 3 de enero de 2025 un departamento de 60 metros cuadrados en CABA por $339.522.273.

El funcionario de 24 años, sin experiencia laboral previa, aumentó su patrimonio de $57.571.681 a $363.855.372. Un salto del 532%. También le ganó a la inflación.

Los diputados con créditos del Banco Nación
El ranking de los préstamos otorgados por el BNA a funcionarios políticos posee, naturalmente, a dos exponentes del Poder Legislativo: los diputados nacionales de La Libertad Avanza Mariano Campero (Tucuman) y Lorena Villaverde (Río Negro).

El legislador tucumano de La Libertad Avanza usó su crédito para consolidar su arraigo. Compró el 16 de mayo de 2025 una amplia casa de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, por $301.932.800. El caso de Campero expone un curioso fenómeno contable. Cuando el BNA le abrió el grifo en mayo de 2025, el desembolso inicial neto fue de $275 millones. Esa fue la montaña de pesos real que salieron de las arcas del banco estatal.

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Sin embargo, en los registros de la Central de Deudores del Banco Central, su nombre aparece asociado a otra cifra bastante más abultada: $368.333.000. No se trata de un segundo préstamo, sino de la velocidad a la que corre el propio sistema financiero.

Al tratarse de una línea de financiamiento indexada bajo la modalidad UVA, la deuda no se congela, sino que se recalcula día a día según el índice de precios. El diputado recibió un capital inicial de $275 millones que, por el propio efecto de la inflación diaria, se convirtió en un saldo adeudado de $322 millones. Dos fotos distintas de una misma realidad hipotecada.

Distinto es el caso de la diputada Lorena Villaverde, quien no pudo asumir en diciembre de 2025 como senadora debido al escándalo que la vinculó con Fred Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Machado fue quien le puso todos los clavos al cajón de la candidatura de José Luis Espert en las elecciones legislativas de 2025. Podría decirse que, producto de esa trama, hoy Diego Santilli es Jefe de Gabinete y candidato cantado a gobernador bonaerense, aunque no se sabe si por LLA, por el PRO o por una alianza entre ambos. Las vueltas de la vida.

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En medio de ese torbellino político, el beneficio de la banca pública también dejó su huella. La rionegrina declaró ante la Oficina Anticorrupción una deuda con el Banco Nación por $223.349.030, confirmando el préstamo que se le otorgó en la entidad oficial.

A diferencia del resto de los bendecidos, Villaverde no transformó los millones estatales en nuevos ladrillos. En su presentación, no incluyó ninguna nueva propiedad entre sus bienes: a su casa habitual en Cipolletti solo se suma un terreno en Las Grutas que adquirió como inversión en 1998. Por ese mismo loteo, en el complejo Tajamar de la localidad balnearia, la Justicia le acaba de embargar 30.000 dólares ante una denuncia por presuntas irregularidades.

La cúpula económica: el «team» Caputo y el Banco Central
El equipo del Ministerio de Economía también aprovechó las condiciones crediticias de la entidad que preside Daniel Tillard:

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Felipe Núñez: Director del BICE y asesor directo de Luis Caputo, obtuvo $373 millones del banco estatal y declaró la compra de una casa de 389 m² en San Isidro por $191,5 millones.
Felipe Berón: Subsecretario de Servicios Financieros, accedió a $362 millones y adquirió un lote de 3.000 metros cuadrados en el barrio privado «La Retama», en Pilar, tasado en unos 275.000 dólares ($408,8 millones).
Federico Furiase: Secretario de Finanzas, tomó un crédito de $367 millones con una tasa estimada del 8%, aunque el destino final de los fondos aún no figura en la base pública de declaraciones juradas de la OA.
Pedro Inchauspe: Director del Banco Central (BCRA), fue beneficiado con $606 millones, los cuales destinó a la compra de un departamento de 133 m² en Capital Federal valuado en $55,3 millones, asentando un pasivo restante por más de $454 millones.
Ante las repercusiones públicas, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, respaldó abiertamente a sus colaboradores argumentando que «no hay nada ilegal y mucho menos inmoral» en la toma de estos empréstitos hipotecarios.

El laberinto judicial: causa congelada en Comodoro Py
El reparto de partidas oficiales originó una denuncia penal impulsada por la diputada Mónica Frade por presunta administración fraudulenta y tráfico de influencias. Pese a que el juez federal Ariel Lijo inició medidas de prueba y solicitó auditorías a la Auditoría General de la Nación (AGN), la causa sufrió un giro procesal decisivo.

La Cámara Federal unificó los expedientes y desplazó a Lijo, delegando la instrucción en el juzgado de María Romina Capuchetti. Desde entonces, el expediente quedó bajo un riguroso secreto de sumario y el avance investigativo es prácticamente nulo: no se han formalizado imputaciones ni fijado audiencias indagatorias, mientras la causa permanece paralizada a la espera de los informes técnicos contables.