LA RANA Y EL ESCORPIÓN : Flexibilización laboral con cambios en la negociación colectiva y reducción de indemnizaciones.
22 DE FEBRERO DE 2026.- ANÁLISIS EDITORIAL.- La situación laboral en Argentina enfrenta una crisis severa con alta informalidad, donde la mitad de los trabajadores carece de empleo registrado, enfrentando salarios a la baja y despidos .Críticos denuncian una desprotección histórica y precarización, mientras defensores argumentan que es necesaria para fomentar el empleo formal y la competitividad empresarial.-
El argumento oficial sostiene que estas medidas generarán empleo. Sin embargo, la experiencia histórica ( COMO EN LA FÁBULA DE LA RANA Y EL ESCORPION) demuestra si bien la reduccion de costo es la naturaleza historica del empresariado argentino y sudamericano a costas del lomo del operario de fabrica; cosechero agrícola y trabajador raso en el comercio…( RECORDAR INGENIO LEDESMA Y MINA AGUILAR en 1964, ENTRE OTROS EJEMPLOS) que el empleo depende principalmente del ciclo económico, la inversión y la demanda agregada, no de la reducción de derechos laborales. Las reformas de los años noventa, impulsadas durante el gobierno de Carlos Menem, ya ensayaron ese camino sin resolver el problema estructural del desempleo y la precarización. Repetir la fórmula no la convierte en solución.
.La reforma laboral en Argentina, impulsada por el gobierno de Javier Milei y plasmada en el DNU 70/23 Y la » Ley de Moderniación Laboral 2026 , busca reducir el «costo laboral» mediante la flexibilización, cambios en la negociación colectiva y reducción de indemnizaciones.
La situación laboral en Argentina a inicios de 2026 muestra un escenario crítico con reformas que buscan limitar el derecho a huelga y flexibilizar despidos, sumado al cierre de más de 22,000 pymes en dos años de gestión de Milei. Este contexto genera un «industricidio» y una precarización que afecta la estructura industrial y los derechos adquiridos de los trabajadores.
La reciente aprobación en el Senado argentino de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no es un ajuste técnico ni una actualización administrativa. Es una decisión política orientada a desmontar pilares centrales del sistema de protección laboral construido durante décadas. Bajo el discurso de la “modernización” y la “competitividad”, lo que se consolida es una transferencia de poder desde el trabajador organizado hacia el empleador individual, debilitando el modelo sindical que fue columna vertebral del peronismo.
La eliminación de la ultraactividad —que permitía mantener vigente un convenio colectivo mientras se negociaba uno nuevo— altera el equilibrio básico en la negociación. Sin ese mecanismo, el trabajador queda expuesto a perder derechos conquistados si no acepta condiciones inferiores. A esto se suma la prioridad de la negociación por empresa por sobre la negociación por rama, fragmentando la fuerza colectiva y rompiendo la lógica solidaria del sector. El resultado es claro: menos capacidad de presión, menos estabilidad normativa y mayor asimetría en favor del capital.
Lo que estamos observando es una redefinición del contrato social argentino. El proyecto libertario no oculta su intención: reducir el rol de los sindicatos, debilitar la negociación colectiva y transformar la relación laboral en un vínculo estrictamente individual. En términos políticos, se trata de una ofensiva coherente con la visión ideológica del gobierno. En términos sociales, implica retrocesos concretos en derechos que costaron décadas de lucha.
El avance sobre el derecho a huelga, mediante la ampliación de actividades consideradas “esenciales”, constituye otro golpe estructural. Limitar la huelga es limitar el último recurso de defensa frente al poder económico. Paralelamente, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que impacta recursos previsionales y la modificación de regímenes de licencias configuran un cuadro integral de flexibilización. El mensaje es inequívoco: el costo del ajuste debe recaer en el mundo del trabajo.
