ERRATUM ACCEPTUS : En Diputados el Gobierno aceptó hacer cambios en la reforma laboral, que volverá al Senado
17 DE FEBRERO DE 2026.- El Gobierno aceptó en Diputados los cambios exigidos por la oposición sobre las licencias médicas y asumió que la reforma laboral deberá volver al Senado para su sanción definitiva. En la Casa Rosada describen la concesión como un costo necesario para evitar una derrota en el recinto y garantizar la aprobación del proyecto antes de que finalicen las extraordinarias legislativas.
El nuevo cronograma quedó trazado como una cuenta regresiva de extraordinarias. Este miércoles la comisión en Diputados firmará dictamen y el jueves se intentará llevar el proyecto al recinto. En Balcarce 50 asumen que la sesión será larga y que el giro al Senado podría salir el mismo jueves o, a más tardar, el viernes 20.
Ese día, según el esquema que manejan oficialismo y aliados, el Senado también emitiría dictamen con las modificaciones incorporadas para llegar al recinto el 27 de febrero, al filo del vencimiento de extraordinarias. La otra incógnita que sigue abierta es si en esa misma jornada se votará también la ley penal juvenil, un paquete que el Ejecutivo quiere mostrar como segunda “victoria” legislativa del arranque del año.
Reforma laboral.-
La decisión de aceptar los cambios tuvo un empujón interno con nombre y apellido. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, fueron los que convencieron al presidente Javier Milei de que era la única salida realista para evitar un choque frontal con los bloques dialoguistas y, a la vez, no regalarle a la CGT y a la oposición dura el escenario perfecto para instalar que el Gobierno “no puede gobernar” ni ordenar su propia agenda parlamentaria.
En el fondo, la discusión sobre licencias médicas fue el punto donde se cruzaron dos lógicas. La del Ejecutivo, que venía empujando un esquema más rígido para desincentivar abusos y bajar costos laborales, y la de la oposición, que puso como línea roja evitar que un trabajador vea recortado su sueldo por enfermedades justificadas. Diputados, además, hizo valer el músculo que viene mostrando en estas negociaciones: no aceptar atajos jurídicos ni promesas de corrección “más adelante” para votar ahora.
Jueves en Diputados y semana que viene en el Senado.-
Antes de conceder, la Casa Rosada barajó tres alternativas para esquivar la modificación en el recinto y evitar que el texto volviera al Senado. La primera fue sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableciera que las enfermedades justificadas no generarán descuentos en los sueldos. La segunda fue intentar el mismo resultado vía reglamentación una vez sancionada la norma, dejando el cambio para la letra chica del Ejecutivo. La tercera, más parlamentaria, fue impulsar una ley complementaria después de la promulgación para “cerrar” el tema. Ninguna de las tres pasó el filtro opositor: el DNU olía a gambeta institucional, la reglamentación era una promesa sin garantías y la ley posterior era, en los hechos, un cheque a futuro.
Con ese tablero, Menem y Santilli ofrecieron la salida que el Ejecutivo venía evitando: aceptar la redacción pedida en Diputados, asumir que el proyecto volverá al Senado y apostar a un cierre rápido con dictamen el 20 y sanción el 27. El cálculo político es doble. Por un lado, el Gobierno preserva el núcleo de la reforma y exhibe capacidad de acuerdo, aun a costa de tragarse un retorno incómodo a la Cámara alta. Por otro, se evita que la oposición tenga una llave para trabar el proyecto con mociones en el recinto, cambios de último minuto y, sobre todo, el riesgo de quedar expuesto a una derrota.
El oficialismo sabe que el final está atado con alambre: depende de los tiempos del recinto en Diputados, de la coordinación con el Senado y de que no se descontrole la agenda con la ley penal juvenil. Pero la decisión ya está tomada: si la reforma laboral sale, saldrá con concesiones. Y la Casa Rosada apuesta a convertir ese costo en un relato de pragmatismo, antes que en la imagen de un Gobierno que se queda sin números cuando la política le marca el límite.
