CAMPO MINADO 2 : Trabajadores del organismo alertan por el vaciamiento y el ajuste sistemático en Vialidad Nacional.-
20 DE OCTUBRE DE 2026.- La paralización de la obra pública y el ajuste sistemático en Vialidad Nacional que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desataron la preocupación por el estado de las rutas nacionales en todo el país.Las consecuencias del recorte comienzan a verse a simple vista. Trabajadores del organismo alertan por el vaciamiento de la delegación local, la falta de insumos básicos y el deterioro crítico, por ejemplo, de las rutas nacionales 38 y 157, de la provincia de Catamarca, donde advierten que el abandono podría constituirlas en verdaderas «rutas de la muerte».
El impuesto que no llega a los caminos
Los cuestionamientos hacia el Ejecutivo Nacional por los recortes en el mantenimiento vial estuvieron centrados en el manejo del Impuesto a los Combustibles Líquidos, una partida creada por ley que debería tener como destino específico el mantenimiento y la creación de nuevas obras viales. Sin embargo, los números oficiales arrojados por el Sistema Vial Integrado (SisVial) muestran que entre enero y julio de 2026 se recaudaron 3,8 billones de pesos, de los cuales solo llegó a las rutas el 2,59% ($99.572 millones). Mientras que la ley exige destinar al menos el 14,29%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado por El Ancasti respecto al destino de estos fondos y rechazó que existan irregularidades en las colocaciones financieras, argumentando que los fondos se ubicaron en plazos fijos y títulos públicos «para que no pierdan valor».
Esta polémica generó una fuerte repercusión en el ámbito político de todo el país y le valió una denuncia penal y también múltiples pedidos de interpelación en el Congreso de la Nación. Con respecto a la presentación penal, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UxP) denunció penalmente tanto al ministro Caputo como al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman. “Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable -el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional- fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros”, sostuvo Tolosa Paz. Por el momento, la causa tramita en los tribunales de Comodoro Py, donde la Justicia ya aceptó como querellantes a la propia diputada y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
Aunque sectores de la oposición unificaron proyectos en la Cámara de Diputados para exigir que el ministro de Economía asista a dar explicaciones, las comisiones parlamentarias (controladas o influenciadas por el oficialismo y sus aliados) mantienen la iniciativa bajo debate técnico y sin emitir una fecha de citación obligatoria.
Incrementos en los siniestros viales
Las consecuencias de este abandono se ven reflejadas en el incremento en la siniestralidad vial en rutas nacionales. Un informe de la Federación de Personal de Vialidad (FEPEVINA) computó 29 víctimas fatales y más de 20 heridos de gravedad en rutas nacionales entre junio y julio. La mayoría de los siniestros ocurrieron en tramos con deformaciones de calzada superiores a los 30 milímetros, una falla que acumula agua y desestabiliza cualquier vehículo.
Dicho deterioro motivó fallos de la Justicia Federal en provincias como Formosa, donde se ordenó la reparación perentoria de la Ruta 11 bajo apercibimiento de sanciones penales a las autoridades del organismo. Por otro lado, la situación es tan crítica que las jurisdicciones provinciales comienzan a hacerse cargo del mantenimiento que le corresponde a Nación.
Concesiones privadas
El plan del Gobierno nacional apunta a avanzar con concesiones privadas a 20 años sobre los corredores comerciales de mayor tránsito, principalmente en la Pampa Húmeda. Este esquema fue defendido por el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en el Congreso de la Nación, pero encendió fuertes críticas gremiales porque deja sin financiamiento estatal a casi 30.000 kilómetros de rutas en el resto del país.
CATAMARCA : Personal diezmado y decisiones centralistas.-( SIC) Diario El Ancasti .-
Según informó el dirigente gremial d Vialidad Nacional, Carabajal, el distrito provincial hoy opera con una plantilla de apenas 177 trabajadores para cubrir un extenso trazado asfáltico. «Desde que empezó el 2024 perdimos 50 compañeros que trabajaban mediante convenios municipales en Paclín, Chumbicha, San Antonio y Belén».El dirigente sostuvo que la situación se agravó desde el inicio de la gestión Milei y remarcó que el avance en el deterioro generó un cambio de percepción entre los usuarios con respecto a Vialidad Nacional y sus funciones: «Al comienzo de este gobierno la gente nos insultaba cuando salíamos a manifestarnos; hoy nos da la razón. Falta presupuesto, falta personal y cada vez nos achican más», denunció.
“Pensábamos que esos compañeros iban a pasar a planta, porque siempre fue así: se los capacitaba, Vialidad les pagaba, les daba ropa y quedaban aptos para entrar. Con las medidas del Gobierno nacional se dieron de baja los convenios y no pudieron ingresar. Ahí perdimos 50 compañeros que realmente estaban trabajando sobre la ruta”, explicó Carabajal.
Por otro lado, los representantes sindicalistas denuncian que el ajuste también afecta a los insumos esenciales para la operatividad del organismo. Según informó, el personal no recibe indumentaria de seguridad desde 2024 y enfrenta trabas para conseguir combustible: «El problema más grave que tenemos hoy es el combustible para los equipos pesados. Antes gestionabas la urgencia acá y salías a trabajar. Hoy cualquier carga requiere autorizaciones previas de Buenos Aires. Tardan días en responder y le quitan margen de maniobra a las provincias, con gente que desconoce lo que pasa en el interior», explicó.
En esa misma línea, el referente remarcó cómo esa dependencia de las oficinas porteñas dilata el tiempo de respuesta ante urgencias surgidas en las provincias: “Nos están quitando las funciones y lo manejan todo desde Buenos Aires. Eso hace peor el trabajo, porque realmente ante una urgencia la respuesta sale tarde. Antes aparecía la emergencia, se notificaba y se pagaba en el momento; ahora tenés que pedir autorización para todo», denunció Carabajal.
A esta burocracia, se sumó la unificación horaria fijada desde la sede central, en Buenos Aires, que estableció el inicio de la jornada a las 9 de la mañana para todo el país. «En el norte siempre arrancamos a las 6 o 7 de la mañana. En verano, con temperaturas de 40 grados, a las 9 tenés el sol encima. Con el calor del verano norteño es imposible trabajar en esos horarios», agregó.
