DULCE O TRUCO ? : Malvinas prorroga licencias petroleras, pese a medidas de Milei: ¿qué es Sea Lion, el proyecto que eleva la tensión?
22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.– La decisión del Gobierno de las islas Malvinas, bajo administración británica, de extender durante cinco años los permisos de exploración petrolera vuelve a poner los recursos energéticos en el centro de la disputa de soberanía con Argentina, justo cuando el Gobierno de Javier Milei ha pasado de la protesta diplomática a una ofensiva jurídica contra las empresas involucradas y prepara una ley para ampliar las sanciones. El desarrollo de Sea Lion, que prevé comenzar a producir crudo en 2028, convierte así una controversia territorial de larga duración en un conflicto con consecuencias empresariales, financieras y potencialmente diplomáticas.
El Gobierno de las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, anunció este lunes su decisión de prorrogar por cinco años las licencias a petroleras, en medio de los crecientes reclamos por parte de Argentina contra esa actividad en territorio cuya soberanía reclama el país suramericano.
Archivo: fotografía del 16 de septiembre de 2026 que muestra un barco navegando en la Bahía Yorke en las Islas Malvinas. El Gobierno de las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, anunció este lunes su decisión de prorrogar por cinco años las licencias a petroleras, en medio de los crecientes reclamos por parte de Argentina contra esa actividad en territorio cuya soberanía reclama el país suramericano. © EFE/Juan Ignacio Roncorini
Se amplía el foco de fricción entre Londres y Buenos Aires en torno a las Malvinas. La Administración del territorio, Falkland Islands para los británicos, anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para operaciones petroleras offshore, con la posibilidad de extenderlas otros dos años si las compañías cumplen sus programas de trabajo. La decisión cuenta, según el Gobierno isleño, con el respaldo del Reino Unido.
El argumento de las autoridades de las islas es económico: la extensión busca proporcionar seguridad jurídica a los operadores para que continúen invirtiendo y desarrollando sus áreas. Para Argentina, en cambio, esas licencias carecen de validez porque considera que la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Malvinas requiere autorización argentina. La decisión llega, por tanto, en un momento particularmente sensible. No se trata únicamente de mantener permisos administrativos: permite dar continuidad a proyectos de exploración y desarrollo mientras Buenos Aires intenta elevar el coste jurídico de participar en ellos.
Sea Lion, el proyecto que concentra la disputa.-
El principal foco de atención es Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, un proyecto desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El proyecto entró en fase de desarrollo en diciembre de 2025 y mantiene como objetivo obtener el primer petróleo en marzo de 2028. Según la información proporcionada por las compañías y recogida por Reuters, Sea Lion tiene una estimación de recursos de gran escala y requiere una inversión de miles de millones de dólares para alcanzar la producción prevista.
La primera fase contempla una infraestructura offshore que permitirá extraer y procesar el crudo antes de trasladarlo mediante buques. La dimensión del proyecto explica por qué el petróleo ha pasado a ocupar un lugar destacado dentro de la disputa de soberanía: cuanto más cerca está Sea Lion de convertirse en una operación productiva, mayor es el interés económico de las partes y mayor es también el incentivo argentino para intentar impedir que se consolide.
La prórroga anunciada ahora por las autoridades isleñas permite además que otros proyectos exploratorios continúen disponiendo de cobertura administrativa. Para mostrar este contenido de X El anuncio de las licencias vino acompañado de otra decisión relevante: las autoridades de las islas aprobaron la adquisición por parte de una filial de Navitas de un 65 % del área PL001, un bloque situado junto a Sea Lion.
Navitas Petroleum Atlantic Limited había acordado en febrero adquirir esa participación a JHI Associates para asociarse en la exploración del bloque. Según el Gobierno de las islas, la operación permitirá acelerar la evaluación y el eventual desarrollo de sus perspectivas petroleras.
Es decir, mientras Argentina intenta frenar el avance de las actividades hidrocarburíferas mediante sanciones y procedimientos judiciales, la Administración de las islas está adoptando decisiones que pueden ampliar el perímetro de la actividad petrolera. Ese paralelismo —más presión jurídica desde Buenos Aires y más continuidad administrativa desde las islas— es uno de los elementos que puede intensificar la disputa en los próximos meses.
Milei cambia de estrategia: de la protesta a las sanciones
El Gobierno de Javier Milei ha endurecido durante septiembre su respuesta. El 4 de septiembre anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas que Buenos Aires considera ilegales. Cuatro días después incorporó otros 15 sujetos, elevando a 60 el número de expedientes anunciados por el Ejecutivo.
La estrategia no se limita a las compañías que operan directamente los yacimientos. Argentina ha señalado también a accionistas y empresas proveedoras de servicios vinculadas con los proyectos.
Además, el Gobierno presentó denuncias penales contra varias sociedades relacionadas con Sea Lion y anunció que las actuaciones podrían alcanzar a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas operaciones.
La lógica de Buenos Aires consiste en ampliar el número de actores que pueden quedar expuestos a consecuencias jurídicas si participan en proyectos petroleros que Argentina considera no autorizados.
¿Qué cambia con la nueva ley de Milei?
La ofensiva tiene ahora una segunda dimensión: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso el 17 de septiembre. Según el Gobierno argentino, la iniciativa se estructura en tres objetivos: sancionar la explotación considerada ilegítima de los recursos naturales, crear incentivos para que esas actividades cesen y proporcionar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas.
El proyecto todavía debe ser tratado por el Congreso, por lo que no constituye todavía un nuevo régimen sancionador vigente. Sí se han producido, entretanto, cambios administrativos. El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería argentina como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció mecanismos para acelerar los procedimientos relacionados con actividades hidrocarburíferas que Buenos Aires considera prohibidas. La diferencia es importante: Argentina ya está aplicando el marco legal existente mientras intenta ampliarlo mediante una nueva ley.
